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El presente resumen está destinado a introducir a los funcionarios en una doctrina del uso de las armas y la fuerza pública, que no es otra cosa más que una especificación de las reglas aceptadas en la Comunidad Internacional sobre la legítima defensa propia y de terceros. Estas reglas deben complementarse con la lectura de todas las cartas de los Derechos Humanos.

Estos Principios Básicos fueron tomados de la sección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el objetivo de darle al funcionario una guía clara de los límites en el uso de la fuerza.

Obligaciones de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

Según las Naciones Unidas, los Principios Básicos fueron formulados para asistir a los Estados Miembros en sus actividades destinadas a asegurar y fomentar el papel que corresponde a los funcionarios.

“Estos deben ser tomados en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de sus respectivas legislaciones y prácticas nacionales, como de otras personas como jueces, fiscales, abogados, miembros del poder ejecutivo,  legislativo y del público en general”.

En los primeros 5 puntos se resume que “los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de Funcionarios. Asimismo, examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego”.

Con el mismo objetivo, la ONU señala que también debería permitirse que los funcionarios cuenten con equipo auto protector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo.

En el desempeño de sus funciones, los funcionarios utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.

Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable:

a) Se ejercerá con moderación y actuará en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga.

b) Reducirá al mínimo los daños y lesiones, y respetarán y protegerán la vida humana.

c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas.

d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.

Los artículos 6, 7 y 8 de la ONU, explican que al emplear la fuerza o armas de fuego, si los funcionarios ocasionan lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios. Y no se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna, o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios Básicos.

Prácticas especiales

De igual forma, los puntos 9, 10 y 11, manifiestan que “los funcionarios no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida. De igual forma, se utilizará con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas”.

“Los funcionarios se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios”.

Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios deben contener directrices que:

a) Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios estarían autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados.

b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios.

c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado.

d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los procedimientos para asegurar que los funcionarios respondan de las armas de fuego o municiones que se les hayan entregado.

e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego.

f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios recurran al empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones.

Actuación en caso de reuniones ilícitas

Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario.

Solamente los funcionarios podrán utilizar armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria. Y se abstendrán de emplear las armas de fuego en esos casos, según los artículos 12,13 y 14.

Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas

En las reglas 15, 16 y 17, la ONU especifica que los funcionarios en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden en los establecimientos, o cuando corra peligro la integridad física de las personas.

“Los funcionarios en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearán armas de fuego, salvo en defensa propia o en defensa de terceros cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario para impedir la fuga de una persona sometida a custodia o detención que presente el peligro”.

Y los principios precedentes se aplicarán sin perjuicio de los derechos, obligaciones y responsabilidades de los funcionarios de establecimientos penitenciarios, tal como se enuncian en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.

Calificaciones, capacitación y asesoramiento

Las recomendaciones que da la ONU desde el punto 18 al 21, es que los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionarios sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y reciban capacitación profesional continua y completa.

También procurarán que: “todos los funcionarios reciban capacitación en el empleo de la fuerza y sean examinados de conformidad con normas de evaluación adecuadas. Los funcionarios que deban portar armas de fuego deben estar autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación especializada en su empleo”.

“En la capacitación de los funcionarios los gobiernos y los organismos correspondientes prestarán especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como a los medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego. Los organismos encargados deben examinar sus programas de capacitación y procedimientos operativos a la luz de casos concretos”.

Asimismo, los gobiernos y los organismos proporcionarán orientación a los funcionarios que intervengan en situaciones en las que se empleen la fuerza o armas de fuego para sobrellevar las tensiones propias de esas situaciones, señala la ONU.

Procedimientos de presentación de informes y recursos

Finalizando, en los artículos del 22 al 26, la ONU exige que los gobiernos y los organismos establecerán procedimientos eficaces para la presentación de informes y recursos, al igual que asegurarán que se establezca un procedimiento de revisión eficaz y que autoridades administrativas o judiciales independientes estén dotadas de competencia en circunstancias apropiadas.

“En caso de muerte y lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial”.

“Las personas afectadas por el empleo de la fuerza y de armas de fuego o sus representantes legales tendrán acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial. En caso de muerte de esas personas, esta disposición se aplicará a sus herederos”.

Los funcionarios no podrán alegar obediencia de órdenes superiores

Los gobiernos y los organismos adoptarán las medidas necesarias para que los funcionarios superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso, tal como lo describe el párrafo número 26 de la ONU.

De la misma forma, “adoptarán las medidas necesarias para que no se imponga ninguna sanción penal o disciplinaria contra los funcionarios que, en cumplimiento del Código de conducta pertinente y de estos Principios Básicos, se nieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego o denuncien ese empleo por otros funcionarios”.

“Los funcionarios no podrán alegar obediencia de órdenes superiores si tenían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego, a raíz de la cual se ha ocasionado la muerte o heridas graves a una persona, era manifiestamente ilícita y tuvieron una oportunidad razonable de negarse a cumplirla. De cualquier modo, también serán responsables los superiores que dieron las órdenes ilícitas”.

 

Foto: Carlos Becerra

 

Por Yeidy Sanmartín (@amnistia)

Ver: Amnistía Internacional presenta guía contra el uso excesivo de la fuerza

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