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Las autoridades de Burundi reprimieron las manifestaciones como si fueran una insurrección y ahora el país parece estar al borde de un conflicto, advierte Amnistía Internacional en un nuevo informe titulado Braving Bullets – Excessive force in policing demonstrations in Burundi, publicado hoy.

Las investigaciones realizadas por Amnistía Internacional en mayo y junio de 2015 concluyeron que la policía burundesa usó medios letales excesivos, incluso contra mujeres y niños, para silenciar a quienes se oponen a que el presidente Pierre Nkurunziza ocupe el cargo por tercera vez.

"Es una tragedia que los manifestantes tuvieran que enfrentarse a las balas para tratar de que se escucharan sus voces", dijo Sarah Jackson, directora adjunta del Programa Regional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos de Amnistía Internacional.

"Las autoridades burundesas deben investigar con urgencia y de forma exhaustiva y transparente el uso de medios letales excesivos contra manifestantes en su mayoría pacíficos y hacer que los responsables comparezcan ante la justicia. Esto es absolutamente importante para devolver la confianza en los servicios de seguridad y reducir el riesgo de que la ciudadanía busque medios más violentos para expresar su descontento político."

A 29 de junio, según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, al menos 58 personas —entre ellas dos policías, dos militares y un miembro de la rama juvenil del partido gobernante, los Imbonerakure— han perdido la vida desde que comenzaron las manifestaciones el 26 de abril de 2015.
La policía disparó contra manifestantes desarmados que huían de ella y no actuó con moderación ni siquiera cuando había menores en las manifestaciones, pues usó munición real y gas lacrimógeno.

Aunque la mayoría de los manifestantes eran pacíficos, algunos usaron la violencia en respuesta al uso de la fuerza excesiva por la policía. Amnistía Internacional ha documentado que estos manifestantes lanzaron piedras que hirieron a policías, golpearon a una mujer policía, destrozaron propiedades y mataron a un miembro de los Imbonerakure.

Tratar a manifestantes en su mayoría pacíficos y zonas residenciales enteras como si fueran parte de una insurrección fue contraproducente e intensificó las protestas en lugar de desactivarlas.

Las violaciones de derechos cometidas por la policía contra los manifestantes —así como las declaraciones que hizo el gobierno antes de las protestas, calificándolas preventivamente de insurrección— muestran que las autoridades de Burundi no trataban sólo de dispersar las manifestaciones, sino que querían castigar a los manifestantes por expresar sus opiniones políticas.

El ataque contra los manifestantes fue acompañado de medidas de represión contra los medios de comunicación. Desde los primeros días de protestas, las autoridades impidieron que las emisoras de radio emitieran fuera de Bujumbura. El 13 de mayo, después de que un grupo de militares protagonizara un intento de golpe de Estado, la policía atacó físicamente instalaciones de medios de comunicación independientes que no han podido volver a emitir desde entonces.

Negación de justicia

"A pesar de la muerte de decenas de manifestantes y de las heridas causadas a miles más por la policía, las autoridades de Burundi no han hecho ninguna investigación", dijo Sarah Jackson.

"El gobierno debe suspender de funciones a los presuntos autores hasta que se abran investigaciones criminales y enjuiciamientos para poner fin a esta constante de brutalidad e impunidad policiales."

Contrariamente a las conclusiones del informe, un asesor presidencial dijo a Amnistía Internacional que algunos de los incidentes fueron obra de personas que llevaban uniforme de la policía, pero no de la propia policía. Según el portavoz adjunto de la policía, hay cinco agentes de la policía sometidos a investigación en relación con las manifestaciones.

Ninguna de las víctimas o familiares entrevistados por Amnistía Internacional había presentado denuncia contra la policía; alegaron tener miedo a las represalias tras sufrir intimidación por la policía o agentes de los servicios de inteligencia.

Una fuerza policial dividida

El 8 de julio, el portavoz de la policía, que huyó posteriormente del país, concedió una entrevista a los medios de comunicación en la que dijo que había surgido una "policía paralela" y que "algunos policías habían sido asesinados" porque tenían opiniones diferentes.

El informe incluye testimonios de policías cada vez más frustrados por las órdenes que recibían, contrarias a su formación en derechos humanos. Algunos policías se negaron directamente a obedecer las órdenes.

Testimonios de brutalidad
Un testigo de las protestas que se desarrollaron el 4 de mayo cerca del puente de Ntahangwa, en Bujumbura, dijo a Amnistía Internacional:

“[La policía] disparó contra la gente que se manifestaba pacíficamente. Fue increíble. La gente huyó por el río, la policía disparó a la gente que huía por el río."

Un periodista local contó a Amnistía Internacional:

"Una vez en Nyakabiga, vi a un agente quitándole el arma a otro policía después de que éste matara a un joven. Le dijo: 'no has recibido la orden de disparar a la gente'.

También he visto a policías impidiendo que sus colegas dispararan munición real contra los manifestantes o usaran gas lacrimógeno [...] Pero entonces llegaron tres camiones y se bajaron algunos policías que empezaron a disparar antes de marcharse de nuevo. Vi esto en Nyakabiga, Musaga y Cibitoke en varias ocasiones. […] Oí varias veces a policías diciendo sobre los manifestantes: 'vamos a matarlos' y otros diciendo que no. Una vez en Musaga vi a un policía que dijo llorando: 'estoy cansado de esto, ¿cuándo va a parar?'"

Comunicado de Amnistía Internacional

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Hoy dia siento mucha impitencia, no quiero cambiar el mundo, quiero cambiar la mentalidad de mis compatriotas, hasta cuando siguen creyendo
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