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Amnistía Internacional remite este documento al Comité de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura con antelación al examen que realizará de los informes periódicos tercero y cuarto combinados presentados por la República Bolivariana de Venezuela sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (la Convención).

En el presente informe se detallan los motivos de preocupación de Amnistía Internacional sobre el incumplimiento de las obligaciones de la República Bolivariana de Venezuela en virtud de la Convención, en particular respecto a los artículos 1, 2, 4, 10, 12, 13, 14, 16. El documento resalta las preocupaciones de la organización en relación a denuncias de tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes (otros maltratos), tanto en el contexto de las detenciones como en el caso de personas privadas de libertad, así como en relación al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden en el control de protestas sociales. El informe incluye asimismo preocupaciones sobre amenazas e intimidaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos y víctimas de torturas y otros maltratos que han denunciado los hechos. Amnistía Internacional considera además que el Estado debe avanzar más en materia de violencia de género, garantizar y fortalecer la independencia del poder judicial y continuar y reforzar los esfuerzos para poner fin a la impunidad.

Informe al CAT - Venezuela (pdf)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME

Amnistía Internacional considera que el Estado ha realizado avances en cuanto a la toma de medidas legislativas y la creación de planes operativos para impedir y sancionar actos de tortura y otros maltratos (Artículos 1, 2, 4, 10, 13 y 16), incluida la erradicación de la violencia de género. El Estado también ha realizado avances a través de la reforma policial para adecuar los protocolos y la formación de las fuerzas del orden a cargo del mantenimiento del orden público a los estándares internacionales (artículos 10 y 11). Desde el Ministerio Público se han realizado algunas mejoras para garantizar la imparcialidad e independencia de las investigaciones en casos de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo a través de las Unidades Criminalísticas Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales (artículo 12).

Sin embargo, las denuncias recibidas en relación a las condiciones de detención y reclusión claramente violatorias de los derechos humanos; el uso excesivo de la fuerza durante el control de protestas sociales y las decenas de denuncias recientes de torturas y otros maltratos indican claramente que el Estado debe tomar medidas urgentes para garantizar en la práctica el derecho de todas las personas a la integridad física. Para ello es fundamental adecuar los centros de detención y reclusión, así como la actuación de las fuerzas del orden a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos (artículos 1, 2 y 16).

Asimismo, las cifras oficiales muestran que aún queda mucho por hacer para garantizar que el poder judicial actúe de forma independiente e imparcial y para erradicar la impunidad en la que quedan la gran mayoría de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluidos los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; y los casos de violencia de género. El Estado sigue fallando a los cientos de víctimas que cada año son objeto de estos actos, negándoles su derecho a la justicia y en algunos casos no actuando con la debida diligencia cuando sufren amenazas tras denunciar los hechos (artículos 12, 13, 14).

Amnistía Internacional considera que si el Estado está comprometido con la defensa, protección y promoción de los derechos humanos debe garantizar el derecho de toda persona a defender y promover estos derechos, garantizando condiciones adecuadas para la realización del trabajo fundamental de los defensores y defensoras de derechos humanos

Con este fin Amnistía Internacional hace las siguientes recomendaciones al Estado:

Cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos en particular:

  • Ratificando el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
  • Regresando a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  • Aceptando la visita de Relator Especiales de Naciones Unidas sobre la cuestión de la Tortura.
  • Garantizando la independencia del Poder Judicial de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.

Implementar y difundir la legislación nacional y políticas públicas en torno a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes

  • Difundir el contenido de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Plan Nacional de Prevención de la Tortura lo más ampliamente posible entre la sociedad civil y todos los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial y el Ministerio Publico, funcionarios y funcionarias encargados de hacer cumplir la ley y encargados de la custodia de las personas detenidas o recluidas.
  • Garantizar que el Plan Nacional de Prevención de la Tortura cuente con un cronograma que detalle los plazos para su total implementación, indicadores con miras a evaluar su impacto y un presupuesto adecuado para garantizar su implementación a la mayor brevedad posible y su sostenibilidad. Dicha información debe ser pública y fácilmente accesible a la sociedad civil.

Garantizar la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos

  • Proteger plenamente a todos los defensores y defensoras de los derechos humanos que hayan sido objeto de amenazas, hostigamiento o ataques por denunciar casos de tortura o malos tratos, e iniciar una investigación exhaustiva de esas denuncias.
  • Reconocer explícitamente la legitimidad del trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo declaraciones públicas en las que se reconozca la contribución de estas personas al progreso de los derechos humanos.

Hacer cumplir las salvaguardias y proteger a las personas detenidas de la tortura y otros maltratos

  • Garantizar que las personas detenidas tengan acceso a un abogado, incluida la oportunidad de acceder a un abogado o abogada particular, desde el momento de la detención.
  • Garantizar que las personas privadas de libertad tengan acceso a sus familiares y atención médica adecuada de manera rápida y periódica.
  • Reforzar los procedimientos para el examen médico inicial que se realiza a las personas detenidas en el momento de la detención y garantizar que se llevan a cabo de inmediato y con arreglo a las normas internacionales, como las relativas a la confidencialidad, la exhaustividad y la imparcialidad. Esos informes deben ponerse de inmediato a disposición de las personas detenidas y de sus abogados.
  • Asegurar que los exámenes médico forenses cumplan con los estándares mínimos fijados en los Principios Relativos a la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
  • Garantizar que las fuerzas del orden que actúan en el control de las protestas realicen sus labores respetando estándares internacionales de derechos humanos, entre otros los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
  • Garantizar que la policía y demás fuerzas de seguridad eviten la violencia en las protestas públicas comunicándose con los organizadores de la protesta y los manifestantes antes y durante ésta, para llegar a un entendimiento mutuo, reducir la tensión y evitar enfrentamientos innecesarios entre los agentes y los manifestantes y para buscar maneras de prevenir la violencia o de poner fin rápidamente a esos incidentes si se producen.
  • Garantizar que toda decisión de disolver una reunión se toma de manera conforme con los principios de necesidad y proporcionalidad; la orden de dispersarse debe comunicarse y explicarse claramente para lograr, en la medida de lo posible, que los manifestantes la comprendan y la cumplan y debe darse a los manifestantes tiempo suficiente para dispersarse.
  • Garantizar que la policía y demás fuerzas de seguridad emplean medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza
  • Si se produce violencia en el contexto de una reunión y si el uso de la fuerza es inevitable, por ejemplo para proteger a agentes, participantes o transeúntes frente a dicha violencia, garantizar que los agentes utilicen la fuerza mínima necesaria para contener la situación, en línea con los Principios Básicos de la ONU.
  • Garantizar que las armas "menos letales", como las balas de plástico y de goma, se empleen sólo cuando sea estrictamente necesario, habiendo advertido previamente de su intención de hacerlo; y cuando su uso sea proporcional a la amenaza de que se trate y sean insuficientes otros medios no violentos. Sólo deberán ser utilizadas por funcionarios que hayan recibido capacitación completa sobre su uso apropiado.
  • Garantizar que la policía, así como las demás fuerzas de seguridad, reciban capacitación adecuada y efectiva para ejercer funciones policiales en manifestaciones públicas, incluida capacitación sobre el uso de medios no violentos, en el uso adecuado de armas “menos letales” y en las normas internacionales relativas al uso de la fuerza.

Investigar todas las denuncias de tortura y otros maltratos

  • Garantizar el acceso inmediato a los mecanismos judiciales para denunciar incidentes de tortura y otros maltratos, garantizando la seguridad de denunciantes y víctimas, de acuerdo a sus deseos.
  • Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, imparcial y exhaustiva sobre cualquier información o denuncia relativa a tortura y otros maltratos o uso excesivo de la fuerza; y garantizar que se realiza con arreglo a las normas internacionales, incluida la aplicación inmediata del Protocolo de Estambul: Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a fin de llevar a los responsables ante la justicia.
  • Garantizar que estas investigaciones sean completas y no se basen únicamente en el informe médico forense. Entre otras medidas, se deberán entrevistar a testigos, víctimas, perpetradores y superiores y realizar inspecciones del lugar del delito, así como investigaciones sobre otros informes relacionados de tortura y malos tratos para identificar constantes de conducta abusiva de los funcionarios implicados.
  • Suspender a cualquier agente sospechoso de estar implicado en actos de tortura u otros maltratos, hasta que se realice una investigación imparcial e independiente y garantizar que ningún funcionario público de quien se halle que es responsable, directa o indirectamente, de tortura y otros maltratos es empleado en otras instituciones de seguridad pública, fiscales o judiciales.
  • Garantizar la plena cooperación de las instituciones policiales y militares en las investigaciones y en la detención de personal con órdenes de citación o arresto.
  • Hacer pública de forma periódica información sobre las denuncias de casos de torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, ofreciendo información desagregada por estado y autoridad presuntamente responsable, así como información sobre el resultado de las investigaciones realizadas y las sentencias dictadas

Garantizar los derechos de las personas privadas de libertad

  • Adecuar los centros de reclusión y detención a los estándares internacionales de derechos humanos, incluidas las reglas mínimas para el trato de los reclusos.
  • Fomentar la aplicación de medidas alternativas a la prisión especialmente por delitos menores cuando sea posible, para combatir la detención preventiva prolongada y el hacinamiento en las prisiones.
  • Asegurarse que el bienestar y la seguridad e integridad personal de las personas privadas de libertad estén protegidos y controlados por el personal penitenciario. Es imprescindible que el personal penitenciario cuente con los suficiente recursos, incluido recursos humanos, para poder llevar a cabo esta labor.
  • Garantizar que cualquier operativo realizado para recobrar el control de algunos centros penitenciarios sea de acuerdo a las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Que cualquier denuncia de uso excesivo de la fuerza en este tipo de operativos sea debidamente investigada de una manera exhaustiva e imparcial y los resultados sean hechos públicos.

Garantizar la implementación de la Ley para Erradicar la Violencia contra la Mujer

  • Garantizar que se destinan los recursos necesarios para la implementación de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.
  • Aprobar un reglamento de Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia
  • Unificar procedimientos para recibir y atender las denuncias de violencia de género con el fin de garantizar el acceso equitativo de las mujeres a la justicia.
  • Reforzar los tribunales especializados en el tratamiento de estos casos.
  • Garantizar que hay suficientes casas de abrigo con los recursos necesarios para garantizar la integridad física y mental de las mujeres, mientras que sus casos estén siendo tramitados en los tribunales.

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