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El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que trabaja por la mejora de la situación de derechos humanos en los 193 Estados miembros de la organización. El resultado de cada revisión es reflejado en un "informe final" que genera recomendaciones y que el país examinado tendrá que implementar antes de la próxima revisión pasados cuatro años. La sociedad civil tiene un rol fundamental en este proceso, ya que puede presentar información a través de sus representantes. Dicha información debe ajustarse a las directrices adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos en su decisión.

Venezuela, ¿aprobada o raspada?

La situación de los derechos humanos en Venezuela será evaluada nuevamente por la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 1 de noviembre de este año. Es importante señalar que el país fue examinado por primera vez el 7 de octubre de 2011 por 50 Estados que participaron en la sesión, donde otros 26 Estados consignaron sus recomendaciones de manera escrita y los Estados participantes consignaron 148 recomendaciones, de las cuales 95 (64%) fueron aceptadas y 53 (35,8%) no lo fueron.

De las aceptadas, 75 (78,9%) se consideraron recomendaciones en implementación y 20 (21%) fueron nuevos compromisos a implementar. De las no aceptadas, 15 (28,3%) fueron diferidas para su revisión por parte del Estado venezolano hasta la adopción definitiva en marzo de 2012, y 38 (71,7%) rechazadas. En la sesión de examen del primer ciclo del EPU de Venezuela participaron 47 Estados. En esa oportunidad los Estados elegidos para la troika del examen de Venezuela fue un grupo de tres relatores 

Los resultados del examen hecho a Venezuela en 2011 durante la revisión de la situación del país los Estados dieron importancia a 29 temas. Entre ellos los que señalan libertad de expresión, derechos de las personas privadas de libertad, derechos sociales en general, independencia del Poder Judicial, derechos de la mujer, derecho a la vida y la integridad personal, solicitudes de ratificación de protocolos y convenios internacionales, protección de los defensores y organizaciones de derechos humanos, la invitación abierta de representantes de los procedimientos especiales de los sistemas internacionales de protección y la cooperación internacional.Guatemala, Burkina Faso y República Checa. Para la sesión de examen del segundo ciclo de Venezuela, los Estados de la troika son México, Nigeria y Kirguistán.

Es notable que la situación de los derechos humanos en Venezuela ha empeorado desde la presentación del primer examen y se espera que en el mes de noviembre se adentre en nuevos temas y situaciones que las ONG señalaron en sus informes.

Las revisiones en el segundo ciclo deberían examinar la situación de derechos humanos en el país desde la primera revisión y evaluar el nivel de la implementación de las recomendaciones recibidas entonces. El periodo durante dos revisiones se llama "seguimiento". Es el momento durante el cual cada Estado examinado implementa las recomendaciones recibidas.

  • Comenzó en junio de 2015: Consulta de Informe Nacional.
  • Entrega de informes de sociedad civil: marzo 2016 / Entrega de informe nacional: julio 2016.
  • Publicación de informes y documentos oficiales del examen: septiembre 2016.
  • Sesión de recomendaciones o sesión de diálogo interactivo: 01 de noviembre 2016.
  • Informe de adopción preliminar de recomendaciones: 2 de noviembre.
  • Sesión de adopción final de recomendaciones: febrero-marzo 2017 – derecho de palabra de la sociedad civil.

El seguimiento es una de las fases fundamentales e importantes de todo el proceso del EPU ya que es la que lleva a cabo la realización concreta del objetivo del EPU, que es "mejorar la situación de derechos humanos en el terreno". El éxito de esta fase también definirá la eficacia y credibilidad del mecanismo y demostrará el compromiso de los Estados en la promoción y fortalecimiento de los derechos humanos.

Funcionamiento del EPU

El examen de la situación de derechos humanos del Estado examinado se basa en tres documentos:

  1. Un informe nacional elaborado por el Estado que se examina.
  2. Una compilación de información de las Naciones Unidas sobre el Estado objeto de examen preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
  3. Un resumen de la información presentada por otros actores interesados (incluidos los representantes de la sociedad civil), también elaborado por el ACNUDH.

El examen tiene lugar en Ginebra, en un periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, que está integrado por los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos así como por los demás Estados que son observadores. El proceso se da con un diálogo interactivo de tres horas y media entre el Estado examinado y los Estados miembros y observadores del Consejo. Cada revisión comienza con la presentación por parte del Estado examinado de su Informe Nacional y de sus respuestas a las preguntas anticipadas. Las preguntas anticipadas son preguntas presentadas por Estados por escrito diez días antes de la revisión.

Durante este diálogo el Estado examinado toma la palabra con frecuencia para contestar preguntas, comentar sobre estas recomendaciones y presentar sus observaciones concluyentes.

Unos días después de ese diálogo, el Grupo de Trabajo adopta el informe sobre sus deliberaciones. En la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos posterior al examen, meses después, se adopta un documento final sobre el resultado, que contiene el informe del Grupo de Trabajo y la posición del Estado examinado con respecto a las recomendaciones recibidas.

La adopción de dicho documento dura una hora; esta se divide en partes iguales entre el Estado objeto de examen, los demás Estados y los otros actores interesados que incluyen a las instituciones nacionales de derechos humanos y los representantes observadores de las ONG, para que presenten declaraciones orales con sus observaciones respecto del EPU. En los periodos ordinarios de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la adopción de los resultados del EPU va seguida de un debate general sobre el tema de la agenda, relativo al examen periódico universal. En ocasiones, los Estados que han sido examinados con anterioridad en el marco del EPU proporcionan información actualizada sobre sus progresos en la aplicación de los compromisos contraídos y las recomendaciones aceptadas a raíz de su examen.

¿Qué es la troika y qué hace?

La troika consiste en tres delegados de Estados que ayudan al Grupo de Trabajo (GT). Los miembros de la troika son seleccionados por sorteo entre los miembros del CDH y grupos regionales diferentes. Ellos pueden ser miembros de delegación o expertos nombrados por el Estado seleccionado. Cada Estado examinado tendrá una troika diferente.

El Estado examinado puede solicitar que uno de los tres miembros sea de su Grupo Regional y/o que uno de los miembros de la troica sea sustituido, aunque solo una vez. Por último, un miembro de la troika puede pedir ser excluido de la participación en un proceso específico de examen.

La Troika recibe las preguntas por escrito y/o las cuestiones levantadas por Estados y las retransmite al Estado examinado.

Los miembros de la Troika no tienen un papel específico durante el diálogo interactivo. Sin embargo, ellos pueden tomar la palabra como cualquier otra delegación y hacer preguntas y recomendaciones.

La Troika prepara el informe del Grupo de Trabajo, que contiene un relato completo de las actuaciones, con la participación del Estado examinado y con la ayuda del Secretariado. Por último, uno de los miembros de la Troika está encargado de presentar el informe antes de su adopción en el Grupo de Trabajo.

Resultado del examen del Grupo de Trabajo y cómo se adopta

El examen de tres horas y media tiene como resultado un informe preparado por la troika con la participación del Estado examinado y la ayuda del Secretariado.

El informe contiene un resumen del diálogo interactivo, las respuestas del Estado examinado y la lista completa de las recomendaciones hechas por Estados. Este informe es adoptado por primera vez durante la sesión del Grupo de Trabajo unos pocos días después del examen. La adopción dura 30 minutos y es principalmente procedimental.

Una vez que el informe ha sido adoptado durante la sesión del GT, entonces se adopta por consenso unos meses más tarde en una sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos. Una hora del pleno es asignada a la adopción dividida en:

-          20 minutos al Estado examinado para contestar a preguntas y cuestiones que no se hayan tratado lo suficiente durante el Grupo de Trabajo y responde a recomendaciones que fueron levantadas por Estados durante el diálogo interactivo.

-          20 minutos a Estados para tomar la palabra y expresar su opinión sobre el resultado del examen.

-          20 minutos a sociedad civil, ONGS e Instituciones Nacionales para hacer comentarios generales.

Las recomendaciones

Las recomendaciones son las sugerencias hechas al Estado examinado para mejorar la situación de derechos humanos en el país. Estas pueden ser de carácter y temas diferentes y son un elemento clave de la revisión. Durante el primer ciclo, se hicieron aproximadamente 21,000 a los 193 estados.

De acuerdo con la Resolución A/HRC/RES/5/1 el Estado examinado tiene la posibilidad de aceptar o anotar recomendaciones. Su respuesta a cada recomendación tiene que ser claramente explicada por escrito en un documento específico llamado "addendum" (adición). Esta adición debe ser presentada al Consejo de Derechos Humanos por anticipado de la adopción del informe en la sesión de CDH.

Objetivos del EPU:

  1. El mejoramiento de la situación de los derechos humanos en el terreno.
  2. El cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del Estado en materia de derechos humanos y la evaluación de los avances y los retos a los que se enfrenta.
  3. El fortalecimiento de la capacidad del Estado y de la asistencia técnica, en consulta con el Estado examinado y con su consentimiento.
  4. El intercambio de las mejores prácticas entre los Estados y otros actores interesados.
  5. El apoyo a la cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos.
  6. El fomento de la plena cooperación y el compromiso con el Consejo, otros órganos de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

¿Cómo participar?

Solo las ONG reconocidas como entidades de carácter consultivo por el Consejo Económico y Social pueden ser acreditadas para participar en calidad de observadoras en los periodos de sesiones del Grupo de Trabajo. Dichas organizaciones pueden presenciar las deliberaciones, pero no hacer declaraciones orales. Asimismo, tienen la posibilidad de organizar reuniones informativas sobre el proceso del EPU, a fin de compartir información.

Los periodos de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el EPU se transmiten en directo por la web (webcast) http://www.oas.org/. Las sesiones anteriores están archivadas y se pueden consultar también a través del sitio web del ACNUDH. Todas las sesiones transmitidas se archivan en la página web del EPU correspondiente al Estado de que se trate.

Durante el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, las ONG pueden presentar declaraciones escritas y organizar eventos paralelos. En las sesiones plenarias, se les permite presenciar los debates y hacer declaraciones orales, siempre y cuando estén inscritas en la lista de oradores; las ONG pueden hacer uso de la palabra durante los 20 minutos que les están asignados.

Recomendaciones al gobierno de Venezuela por parte del Amnistía Internacional para el próximo EPU

Normas internacionales de derechos humanos

  • Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y aceptar sus procedimientos de investigación y de comunicaciones entre Estados.
  • Adherirse sin demora al Tratado sobre el Comercio de Armas y aplicarlo, prestando especial atención al artículo 6, Prohibiciones, y al artículo 7, Exportación y evaluación de las exportaciones, que prohíben la transferencia de armas que puedan utilizarse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

  • Reconocer pública y explícitamente la legitimidad del trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos, realizando, entre otras cosas, manifestaciones públicas en las que se reconozca la contribución de estas personas a la promoción y protección de los derechos humanos y el Estado de derecho.
  • En consulta con defensores y defensoras de los derechos humanos y con organizaciones de la sociedad civil, establecer mecanismos nacionales de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos que estén en situación de riesgo.
  • Detener los ataques en curso y las campañas de difamación por parte de altos cargos contra defensores y defensoras de los derechos humanos.
  • Garantizar un entorno seguro y propicio en el que sea posible defender los derechos humanos sin temor a represalias o intimidaciones.
  • Investigar de manera exhaustiva, inmediata e independiente las amenazas, los ataques, el acoso y la intimidación contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y contra las organizaciones de la sociedad civil, llevar a los responsables ante la justicia en juicios justos, y garantizar a las víctimas recursos efectivos y reparaciones adecuadas.
  • Promover y difundir ampliamente la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, y adoptar legislación nacional para su implementación efectiva.

Libertad de expresión y medios de comunicación

  • Garantizar que los periodistas y el personal de los medios de comunicación pueden realizar su trabajo con libertad e independencia, y proteger su bienestar y su integridad física cuando informen en el contexto de la crisis humanitaria.

Impunidad por violaciones de derechos humanos

  • Emprender investigaciones independientes, exhaustivas e inmediatas sobre de todos los casos de violaciones de derechos humanos, llevar a los sospechosos de ser penalmente responsables ante la justicia y garantizar que los condenados reciben un castigo proporcional a la gravedad del delito.
  • Garantizar que las personas que han sufrido violaciones de sus derechos humanos y consideran que no han recibido justicia en los tribunales nacionales tienen acceso, sin riesgo de sufrir represalias, al sistema interamericano de derechos humanos y a los mecanismos de derechos humanos de la ONU.
  • Ratificar sin demora, y sin formular reserva alguna, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, firmada el 21 de octubre de 2008.
  • Adherirse a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, sin formular reserva alguna, y aplicarla en la legislación nacional.

Independencia del poder judicial

  • Garantizar la imparcialidad y la independencia del poder judicial, de acuerdo con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
  • Reforzar el Ministerio Público y el poder judicial y dotarlos de los recursos necesarios para que puedan desempeñar su trabajo de forma efectiva y sin injerencias de otras ramas del Estado.
  • Poner fin al uso indebido del sistema de justicia para acosar a quienes critican las políticas del gobierno, y retirar todos los cargos formulados por motivos políticos contra estas personas.
  • Poner en libertad inmediata e incondicional a los presos de conciencia Leopoldo López y Rosmit Mantilla.

Condiciones de reclusión

  • Garantizar que las prisiones y los centros de detención cumplen las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos.
  • Garantizar que el personal penitenciario protege y vigila el bienestar, la seguridad y la integridad física de las personas privadas de libertad, con medidas entre las que se encuentra asignar a las prisiones recursos humanos y de otro tipo suficientes para garantizar que se cumple con este deber.
  • Aplicar las medidas provisionales dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger el derecho a la vida y a la seguridad de los reclusos de varias prisiones del país.

Violencia contra las mujeres

  • Garantizar que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se aplica con eficacia y que se asignan los recursos necesarios, incluido el establecimiento de refugios para mujeres en todos los estados.
  • Emitir sin demora el marco normativo de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Tortura y otros malos tratos

  • Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
  • Garantizar que la definición de la tortura y otros malos tratos que establece la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes se ajusta a la definición contenida en el artículo 1 de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
  • Tipificar como delitos punibles los actos de cargos públicos que instiguen o consientan actos de tortura cometidos por terceros, y difundir ampliamente el contenido de la Ley Especial y del Plan Nacional de Prevención de la Tortura, entre otros a la sociedad civil, a los funcionarios del Ministerio Público, a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a los funcionarios responsables de custodiar a las personas privadas de libertad.
  • Garantizar que el Plan Nacional de Prevención de la Tortura incluye un calendario para su aplicación completa e indicadores para observar y evaluar su impacto; asignar recursos suficientes para su rápida implementación.
  • Reconocer sin demora la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y considerar comunicaciones presentadas por las víctimas o en favor de víctimas o por otros Estados Partes en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Plan Nacional de Derechos Humanos

  • Elaborar y publicar indicadores claros para observar los progresos en la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, y asignar los recursos necesarios.
  • Garantizar que la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos incluye la participación de una amplia diversidad de partes interesadas, incluidos representantes de la sociedad civil.

Vigilancia internacional

  • Cursar una invitación permanente a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y en particular acceder a las visitas de los relatores especiales de la ONU sobre la tortura, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, y sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación.
  • Anular la decisión de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y volver a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cumplir sus sentencias.

Policía y fuerzas de seguridad

  • Garantizar que la policía y las fuerzas de seguridad cumplen plenamente y en todo momento las normas internacionales, entre ellas los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, en el desempeño de sus funciones, incluida la labor policial durante las manifestaciones.
  • Abstenerse de desplegar a las fuerzas armadas en operaciones de mantenimiento del orden público y, si en circunstancias excepcionales debe recurrirse a ellas, garantizar que actúan exclusivamente en apoyo y bajo el control de las autoridades civiles y que están sujetas a la misma formación, mecanismos de rendición de cuentas y sanciones que cualquier otra sección de las fuerzas de seguridad.
  • Llevar a cabo investigaciones independientes, exhaustivas e inmediatas sobre las denuncias de ejecución extrajudicial, uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y desalojo forzoso en el contexto de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, y hacer públicos los resultados de esas investigaciones.

Derechos económicos, sociales y culturales

  • Garantizar la aplicación completa de las recomendaciones formuladas en 2015 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en especial las relativas a abordar la escasez de vivienda, comida y artículos de primera necesidad, así como de medicamentos y equipo médico y quirúrgico.

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Gabriela Buada Blondell

@amnistia

Fotos de: GMEVIPHOTO / Shutterstock.com

-          amnesty.org / Recomendaciones sugeridas a los Estados examinados en el 26º periodo de sesiones del examen periódico universal, 31 de octubre – 11 de noviembre de 2016

-         Civilis

-          Informe de COFAVIC para el EPU 2016 

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