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Por Alex Roche, escritor y activista de Amnistía Internacional USA. Síguelo en Twitter @alejandro_roche

Imagina que un día tu hermano está en su casa con sus dos hijos. Funcionarios de la policía entran en su casa, le dan una paliza y se lo llevan, esposado. Imagina que un poco más tarde ese día tu hermano es llevado a un hospital, ya muerto, con heridas de bala en su pecho y estómago.

Ahora imagina que cinco años después a otro hermano tuyo vuelve a ser asesinado por funcionarios de la policía, quienes le disparan múltiples veces en la cabeza, en la presencia de tu sobrino. Al año siguiente, a un tercer hermano tuyo le disparan y lo matan, luego de haber sido amenazado unas horas antes, una vez más por funcionarios de la policía.

Imagina también –si puedes –que en el trascurso de los siguientes nueve años a otro hermano tuyo y a seis sobrinos –algunos de ellos menores de edad –son asesinados siguiendo patrones similares.

Esto es exactamente lo que ha tenido que vivir Eloísa Barrios, mujer de Guanayén en el Estado Aragua, en Venezuela. Diez miembros de su familia –cuatro hermanos y seis sobrinos –han sido asesinados desde 1998 en circunstancias que apuntan a abusos policiales.

Y “no se trata solamente de mis parientes los que han sido asesinados en Guanayén” explica Eloísa.

“En Guayanén han tenido lugar muchas otras ejecuciones a manos de Poliaragua, pero los familiares de las víctimas no se atreven a denunciar”.

Amnistía Internacional en el capítulo dedicado a Venezuela de su último informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo resalta que entre el 2015 y el 2016 se han registrado numerosos reportes de uso excesivo de la fuerza por parte de las policías y los cuerpos de seguridad del Estado, teniendo como resultado docenas de muertes, a menudo en circunstancias que sugieren asesinatos al margen de la ley –es decir, no en defensa propia ni para la protección de un tercero.

Según la información disponible, las investigaciones y procesos judiciales relacionados con los asesinatos de los miembros de la familia Barrios casi no han avanzado. En solo uno de los casos dos policías han sido encontrados culpables por el asesinato de Narciso Barrios, uno de los hermanos de Eloísa. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se haya llevado a cabo ninguna investigación por las amenazas e intimidación que ha venido sufriendo esta familia por años, por lo que el sufrimiento continúa.

Sobre este patrón de total impunidad, Eloísa Barrios compartió las siguientes palabras en una publicación de la ONG COFAVIC: “Si los responsables hubiesen sido detenidos y castigados nadie se habría atrevido a cometer más abusos. Pero a los asesinos se les invita a continuar. A excepción de nosotros, docenas de familias en Aragua que han sido víctimas de asesinatos se sienten cada vez menos animadas a denunciar”.

Los sobrevivientes de la familia Barrios se encuentran en constante riesgo de retaliación. Eloísa, quien ha venido luchando por se haga justicia desde hace años, le dijo a COFAVIC: “Cuando intentas que se haga justicia, lo único que consigues son humillaciones (…) Mi madre es de las que dice que hay que tener cuidado… pero yo continúo. El dolor, la impotencia y la rabia hacen que el miedo desaparezca”.

Activistas en todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, urgen al Estado venezolano a:

  • Llevar a cabo una investigación a fondo, independiente e imparcial, en relación con las amenazas, ataques y asesinatos sufridos por la familia Barrios;
  • Llevar a los responsables ante la justicia;
  • Garantizar la integridad física de los miembros de la familia barrios; y
  • Garantizar que la familia Barrios reciba reparaciones adecuadas.

Publicado originalmente en Amnistía Internacional USA

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