Página de Fernando M. Fernández

Estricta legalidad penal y derechos humanos

La ley penal es la más delicada en una democracia: debe cumplir con el principio de estricta legalidad penal. Esto es, debe ser una ley formal, estricta, escrita, pública, cierta y previa a los hechos, para poder tipificar un delito, establecer una pena o una medida de seguridad y gozar de la constitucionalidad que la legitima y hace eficaz. Los derechos humanos dependen de este principio.

Jescheck y Ferrajoli, dos de los filósofos del derecho penal más influyentes del mundo, han creado la doctrina moderna llamada del Garantismo Penal” sobre la base que dejó Feuerbach en 1801, relativa al principio de mera legalidad penal, es decir, “nullum crimen sine lege”.

Por ley formal, debe entenderse una ley penal emanada del órgano legislativo electo de forma democrática, mediante el procedimiento ordinario de discusión parlamentaria, o sea, presentar un anteproyecto, revisar los antecedentes legales y evaluar lo que se va a tipificar como delito, realizar discusiones públicas, hacer consultas a la comunidad y a expertos, revisar la experiencia del derecho comparado, hacer un estudio del impacto económico de la ley penal en los costaos de la sociedad y del Estado y, en fin, basarse en los principios de real necesidad, proporcionalidad, lógica jurídica, oportunidad, transparencia, equidad y completo apego a las garantías a los derechos humanos.

Según el Artículo 202 constitucional la ley penal fundamental es el Código Penal, infelizmente casi destruido por más de 80 leyes penales contradictorias y superpuestas con más de 1.000 delitos. Esta profusión desordenada de leyes es una afrenta a la racionalidad y a la seguridad jurídica que afecta la vida ciudadana.

La ley penal debe ser de estricta normatividad, sin cláusulas abiertas, en blanco o indeterminadas, que no permita la arbitrariedad y la libre interpretación del ejecutor y los garantes de la legalidad. El delito en blanco o el tipo penal abierto deja un espacio para el abuso y la corrupción de los funcionarios encargados de las investigaciones penales, la acusación y el juzgamiento que debe evitarse a toda costa. No se debe permitir la analogía.

La ley penal debe estar escrita en correcto castellano, sin dobles sentidos, precisa, sin ambigüedades ni términos confusos, oscuros o en desuso. Asimismo, el requisito de publicidad es esencial. De ello dependen los derechos humanos, bienes jurídicos fundamentales.

Fernando M. Fernández