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Estados Unidos - Informe Anual 2016

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2015/2016

No hubo rendición de cuentas ni reparación por los crímenes de derecho internacional cometidos en el marco del programa de detención secreta gestionado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Decenas de detenidos permanecían bajo custodia militar indefinida en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, mientras proseguían los procedimientos judiciales militares en un reducido número de casos. Persistía la preocupación por el uso del aislamiento en prisiones federales y estatales y se seguía recurriendo al uso de la fuerza en las actuaciones policiales. Veintisiete hombres y una mujer fueron ejecutados durante el año en aplicación de la pena capital.

Información general

En marzo, septiembre y noviembre, respectivamente, Estados Unidos proporcionó al Comité de Derechos Humanos, al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y al Comité contra la Tortura, todos ellos de la ONU, su respuesta de seguimiento anual sobre las recomendaciones prioritarias formuladas por los comités en 2014 tras someter a escrutinio el cumplimiento, por parte del país, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención contra la Tortura.

En mayo, el historial de derechos humanos de Estados Unidos se sometió al examen periódico universal (EPU) de la ONU. En septiembre, Estados Unidos aceptó aproximadamente tres cuartas partes de las 343 recomendaciones formuladas durante el EPU. Al igual que en 2011, Estados Unidos afirmó que respaldaba la petición de cerrar el centro de detención de la bahía de Guantánamo, la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención sobre la Mujer, y la rendición de cuentas por torturas. Al finalizar el año no se había puesto en práctica ninguna de ellas.

Impunidad

En su actualización anual al Consejo de Derechos Humanos, Estados Unidos afirmó que prohibía la tortura y otros malos tratos, la desaparición forzada y la detención arbitraria de “toda persona bajo su custodia dondequiera que se encuentre recluida”, y que hacía “rendir cuentas a cualquiera que sea responsable de tales actos”. Sin embargo, al concluir el año no se había adoptado ninguna medida para poner fin a la impunidad por las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en el marco del programa de detención secreta gestionado por la CIA bajo la autorización del entonces presidente George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S).

Estados Unidos también declaró ante el Consejo de Derechos Humanos que estaba “a favor de la transparencia” en lo relativo a esa cuestión. No obstante, al finalizar el año, más de 12 meses después de que se hiciera público el resumen desclasificado del informe del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos sobre el programa de la CIA, el informe completo de 6.700 páginas que detallaba el trato recibido por cada detenido seguía clasificado como alto secreto. La mayoría de los detenidos, si no todos, habían sido sometidos a desaparición forzada y a condiciones de reclusión y/o técnicas de interrogatorio que violaban la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El hecho de que el informe siguiera clasificado continuaba facilitando la impunidad y la negación de reparación.1

Durante el año se tuvo noticia de que los fiscales militares habían recibido información sobre un lote de unas 14.000 fotografías relacionadas con “lugares negros” de la CIA en Afganistán, Lituania, Polonia, Rumania, Tailandia y posiblemente otros países, entre las que había imágenes de detenidos desnudos siendo transportados. Al terminar el año las fotografías no se habían hecho públicas.

Medidas antiterroristas: detenciones

Se siguieron negando los derechos humanos a los detenidos de Guantánamo mediante la aplicación del viciado marco de “guerra global” de Estados Unidos y de su argumento de no aplicabilidad del derecho internacional de los derechos humanos a esas detenciones. En su respuesta de seguimiento anual a la petición del Consejo de Derechos Humanos de poner fin a las detenciones administrativas y las comisiones militares contra los detenidos en Guantánamo, Estados Unidos reafirmó su errónea postura sobre la extraterritorialidad, que sostenía que “las obligaciones en virtud del Pacto sólo se aplican a las personas que se hallen en el territorio de un Estado Parte y dentro de su jurisdicción”. Estados Unidos respondió a la petición de poner fin a las detenciones en Guantánamo “sin más dilación”, formulada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, diciendo que no consideraba que la “petición se apoyara directamente en las obligaciones contraídas en virtud de la Convención”.

Al concluir el año había 107 hombres recluidos en Guantánamo. La mayoría estaban recluidos sin cargos ni juicio. Hacía al menos cinco años que se había aprobado transferir aproximadamente a la mitad de ellos. Veintiún detenidos fueron transferidos fuera de la base durante el año y entregados a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Marruecos, Mauritania, Omán, y Reino Unido.

Continuaron las vistas ante la Junta de Revisión Periódica. Estos procedimientos de revisión administrativa, que socavaban los procesos de la justicia penal ordinaria, se aplicaban a los detenidos que no eran juzgados por comisiones militares y cuya transferencia no había sido aprobada por otras revisiones administrativas.

Continuaron los procedimientos preliminares ante comisión militar por delitos punibles con la muerte contra cinco detenidos acusados en 2012, en virtud de la Ley de Comisiones Militares, de estar implicados en los atentados del 11-S. Los cinco detenidos Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash, Ramzi bin al Shibh, Ali Abd al Aziz y Mustafa al Hawsawi—, así como Abd al Rahim al Nashiri, procesado en 2011 por un delito punible con la muerte en relación con el atentado con bombas perpetrado en el año 2000 contra el USS Cole en Yemen, habían permanecido incomunicados hasta cuatro años bajo custodia secreta de Estados Unidos antes de ser trasladados a Guantánamo en 2006. Al finalizar el año sus juicios no habían comenzado.

También prosiguieron las diligencias preliminares en el caso de Abd al Hadi al Iraqi, quien, según la información recibida, había sido arrestado en Turquía en 2006 y transferido a la custodia estadounidense, recluido en secreto por la CIA y trasladado a Guantánamo en 2007. Fue acusado formalmente el 18 de junio de 2014. Su juicio aún estaba pendiente al concluir el año.

Majid Khan y Ahmed Mohammed al Darbi seguían esperando que se dictara su condena tras declararse culpables en 2012 y 2014, respectivamente, y aceptar no demandar a Estados Unidos por el trato recibido bajo su custodia. Ahmed Mohammed al Darbi fue arrestado por las autoridades civiles en Azerbaiyán en junio de 2002 y transferido a la custodia de Estados Unidos dos meses después. Afirmaba haber sufrido malos tratos. Majid Khan permaneció recluido dentro del programa de detención secreta de la CIA desde 2003 y fue sometido a desaparición forzada, torturas y otros malos tratos antes de ser trasladado a Guantánamo en 2006. Durante el año salieron a la luz más detalles sobre los malos tratos de los que había sido objeto bajo custodia de la CIA, que incluían violación, agresión sexual, palizas, sometimiento a largos períodos de oscuridad y reclusión en régimen de aislamiento, permanecer colgado de una viga de madera durante días, y amenazas contra su persona y su familia.

En junio, una sala de tres jueces de una Corte de Apelaciones federal anuló la sentencia condenatoria dictada por una comisión militar contra el detenido de Guantánamo Ali Hamza Suliman al Bahlul. Este detenido había sido declarado culpable de conspiración para cometer crímenes de guerra, pero la Corte lo anuló alegando que el derecho internacional no reconocía ese cargo y que ese delito no podía ser juzgado por un tribunal militar. En septiembre se admitió un recurso de apelación de las autoridades para que se volviera a examinar el caso, y los alegatos orales se oyeron el 1 diciembre. Al finalizar el año seguía pendiente la decisión de la Corte.

Uso excesivo de la fuerza

Al menos 43 personas murieron en 25 estados tras recibir descargas de armas Taser a manos de la policía, con lo que el total de fallecidos en esas circunstancias desde 2001 se elevó a al menos 670. La mayoría de las víctimas no iban armadas ni parecían representar una amenaza de muerte o lesión grave cuando se recurrió al arma Taser.

La muerte de Freddie Gray en abril y el primer aniversario de la muerte de Michael Brown desencadenaron protestas en Baltimore (Maryland) y Ferguson (Misuri), respectivamente. Hubo protestas similares contra el uso de la fuerza por parte de la policía en ciudades como Cleveland (Ohio) y San Luis (Misuri), entre otras. La utilización de material antidisturbios pesado y de armas y material de uso militar para controlar las manifestaciones sirvió para intimidar a los manifestantes que ejercían su derecho de reunión pacífica.

Las autoridades no registraron la cifra exacta de personas muertas cada año a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero los cálculos oscilaban entre 458 y más de 1.000. Según los limitados datos disponibles, entre las víctimas de homicidio policial había una cantidad desproporcionada de hombres negros. Las leyes estatales sobre el uso de fuerza letal eran demasiado permisivas: ninguna de ellas limita el uso de armas de fuego a su utilización como medida de último recurso y sólo cuando se han agotado los medios no violentos y menos lesivos, y cuando el agente u otras personas corran peligro inminente de muerte o lesión grave.

Tortura y otros malos tratos

La ciudad de Chicago (Illinois) aprobó una ordenanza por la que se proporcionaba reparación a más de un centenar de sobrevivientes de torturas cometidas por miembros del Departamento de Policía de la ciudad entre 1972 y 1991. La ordenanza incluía un fondo de 5,5 millones de dólares para los sobrevivientes, una disculpa formal del ayuntamiento de Chicago, educación universitaria gratuita para las personas sobrevivientes y sus familias, enseñanza en las escuelas públicas de Chicago sobre el historial de tortura del Departamento de Policía de Chicago, y un monumento público y un centro de atención para los sobrevivientes de tortura.

Derechos de las personas migrantes

Durante el año, más de 35.000 menores de edad no acompañados y 34.000 familias fueron detenidos al cruzar la frontera sur; muchas de esas personas huían de la violencia y la inseguridad en México y Centroamérica. Se mantuvo detenidas a familias durante meses mientras se procesaban sus solicitudes de permanencia en Estados Unidos; muchas de ellas estaban recluidas en centros sin acceso adecuado a atención médica, a asistencia letrada ni a alimentos y agua que cumplieran con las normas sanitarias. A las personas transgénero se las detenía habitualmente según su género de nacimiento, lo que las hacía más vulnerables a sufrir abusos, o se las recluía en régimen de aislamiento y sin acceso a terapia hormonal.

Derechos de las mujeres

Pese a los avances legislativos logrados tras el restablecimiento de la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres, especialmente las disposiciones que abordaban los altos niveles de violencia contra las mujeres indígenas y proporcionaban protección y servicios a las sobrevivientes de violencia intrafamiliar, las mujeres indígenas que habían sido violadas seguían sin tener acceso a asistencia básica, incluidos exámenes médicos y otros servicios básicos de salud, como medidas de anticoncepción de urgencia. Las mujeres indígenas seguían sufriendo niveles desproporcionados de violencia y tenían unas probabilidades 2,5 veces más altas de ser violadas o agredidas sexualmente que las demás mujeres del país.

Había una gran disparidad en el acceso de las mujeres a la atención a la salud sexual y reproductiva, incluida la atención a la salud materna. Las mujeres afroamericanas seguían teniendo casi cuatro veces más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo que las mujeres blancas. Se presentaron en múltiples estados más de 230 proyectos de ley cuyo propósito era restringir el acceso a un aborto legal y seguro.

Condiciones penitenciarias

Más de 80.000 presos fueron recluidos en algún momento en condiciones de privación física y social en las prisiones federales y estatales de todo el país.

En septiembre, un acuerdo sin precedentes alcanzado en la demanda colectiva Ashker v. Brown prácticamente eliminó en California el régimen de aislamiento prolongado o indefinido en unidades especiales de seguridad. Según lo estipulado en el acuerdo, la inmensa mayoría de los presos recluidos en este tipo de unidades volverían a los módulos de población reclusa general. En reconocimiento de las consecuencias perjudiciales de la reclusión prolongada en régimen de aislamiento, las personas que llevaban más de 10 años en las unidades especiales de seguridad iban a ser transferidas de inmediato a secciones restringidas de población general, para iniciar un programa de dos años cuya finalidad era reintegrarlas en la población reclusa general.

La publicación en marzo de una auditoría “independiente” sobre el uso del régimen de aislamiento en los centros pertenecientes a la Oficina Federal de Prisiones informaba de varias deficiencias en el sistema, por ejemplo en la atención a la salud mental y los programas de reincorporación para quienes hubieran permanecido recluidos en régimen de aislamiento durante periodos prolongados. Las recomendaciones de esta auditoría eran insuficientes para mejorar las consecuencias perjudiciales del aislamiento en la salud física y mental de los presos, o para adecuar la Oficina Federal de Prisiones a sus obligaciones internacionales.2

Pena de muerte

Veintisiete hombres y una mujer fueron ejecutados en seis estados, lo que elevaba a 1.422 el número total de ejecuciones desde que se restableció la pena de muerte en 1976. Era la cifra más baja de ejecuciones llevadas a cabo en un año desde 1991. Se dictaron alrededor de 50 nuevas condenas a muerte. Al final del año había casi 3.000 personas pendientes de ejecución.

La Cámara de Representantes de Nebraska votó a favor de la abolición de la pena de muerte, anulando el veto del gobernador del estado al proyecto de ley. No obstante, al terminar el año la revocación estaba en suspenso, ya que sus detractores habían reunido suficientes firmas para llevar la cuestión a referéndum en noviembre de 2016. La oposición a la pena de muerte continuó adquiriendo fuerza en febrero, cuando el gobernador de Pensilvania anunció una moratoria de las ejecuciones en el estado. Al concluir el año, también seguían vigentes las moratorias de las ejecuciones en los estados de Washington y Oregón.

Warren Hill fue ejecutado en Georgia el 27 de enero. Todos los expertos que lo evaluaron, incluidos los convocados por el estado, coincidieron en que tenía una discapacidad intelectual que convertía su ejecución en inconstitucional. Cecil Clayton, de 74 años, fue ejecutado en Misuri el 17 de marzo. Se le había diagnosticado demencia y un trastorno psicótico derivado de una grave lesión cerebral.

El gobernador de Misuri conmutó la condena a muerte a Kimber Edwards poco antes de la fecha prevista para su ejecución en octubre. El hombre que había disparado a la víctima y cumplía cadena perpetua tras declararse culpable a cambio de evitar la pena de muerte había firmado una declaración en la que se retractaba de las declaraciones que había realizado tras su arresto, en las que implicaba a Kimber Edwards en el asesinato.

Kelly Gissendaner fue ejecutada en Georgia el 30 de septiembre por el asesinato de su marido. El hombre que se había declarado culpable de disparar a la víctima y que había testificado contra su coacusada cumplía cadena perpetua. Numerosas reclusas y ex funcionarios de prisiones pidieron clemencia para Kelly Gissendaner, haciendo hincapié en su rehabilitación y en su influencia positiva en la vida de la prisión y en las reclusas.

Los estados seguían haciendo frente a litigios por los protocolos de inyección letal, y a problemas para adquirir los fármacos empleados en las ejecuciones. El 29 de junio, en el caso Glossip v. Gross, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó el uso de midazolam como sedante en el protocolo de Oklahoma, que combinaba tres fármacos. Dos jueces discrepantes alegaron que la Corte debía revisar la constitucionalidad de la pena de muerte. En su opinión discrepante, argumentaban que era “muy probable” que en ese momento la pena capital fuera inconstitucional, por motivos de arbitrariedad y poca fiabilidad, entre otros.

Tras la sentencia, Oklahoma programó la ejecución de Richard Glossip, uno de los demandantes que había impugnado el protocolo de inyección letal. La gobernadora suspendió su ejecución el 16 de septiembre, unas horas antes del momento previsto para la aplicación de la pena, y volvió a hacerlo unos minutos antes del nuevo momento fijado para la ejecución, el 30 de septiembre, porque se supo que uno de los fármacos de los que disponían las autoridades penitenciarias no era el correcto. Posteriormente se descubrió que ese fármaco se había empleado en, al menos, una ejecución, la de Charles Warner, en enero. El fiscal general del estado de Oklahoma intento y logró que se suspendieran las ejecuciones indefinidamente y, en octubre, su oficina declaró que no iba a intentar programar nuevas fechas de ejecución, al menos en los 150 días posteriores a la conclusión de las investigaciones sobre el protocolo de ejecución.

En octubre, las autoridades penitenciarias de Ohio anunciaron que las fechas de 11 ejecuciones programadas para 2016 se habían aplazado a 2017, 2018 y 2019 porque el estado seguía buscando “medios legales” para obtener los fármacos de la inyección letal.

Durante el año, seis reclusos fueron exculpados de los delitos por los que inicialmente habían sido condenados a muerte, lo que elevó a 156 la cifra de exoneraciones de ese tipo dictadas desde 1973.

  1. USA: Crimes and impunity (AMR 51/1432/2015)
  2. USA: Entombed: Isolation in the US federal prison system (AMR 51/040/2014)

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